No se trata (solamente) del turismo de masas, se trata del derecho a la vivienda y a la ciudad.

 

Durante los últimos meses el concepto turismofobia ha saltado a la palestra. Los medios de comunicación lo repiten constantemente para referirse a las reivindicaciones de diversas plataformas y asociaciones vecinales que, en las principales ciudades turísticas de la península, denuncian los efectos que el turismo de masas provoca en sus barrios. La fobia, como el miedo, tiene una connotación abiertamente negativa. No es casual que los grandes medios de comunicación hayan acuñado un término que pone el énfasis en una suerte de odio hacia el turismo. Estos medios se alinean con los intereses de las clases dominantes, que en el contexto actual están representados por el modelo productivo fundamentado en el turismo que los gobiernos estatal y autonómicos sostienen y los grandes empresarios del sector.

Al poner énfasis en la fobia hacia el turismo se hace una parábola discursiva similar a la que se produce cuando se habla de la regeneración urbana de una zona degradada, en tanto que regenerar evoca a un enfermo que hay que sanar. Mediante esta técnica se desvía la atención de la cuestión principal, que en el caso que se comenta no es solamente el turismo de masas, sino también la vivienda. Hace unos días conocimos que el 20% de las viviendas del centro histórico de Sevilla ya son pisos turísticos (http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-tiene-46000-viviendas-vacias-10000-uso-turistico-8500-son-irregulares-20171024150413.html). En total existen 10.000 en toda la ciudad y solamente el 15% están regularizados. Y, aunque no existen datos oficiales, es más que probable que la buena parte de la oferta de pisos turísticos esté controlada por unos pocos, como ocurre en Madrid, donde la mitad de la oferta la concentra un 20% de propietarios (http://www.eldiario.es/madrid/propietarios-concentra-oferta-turisticos-Madrid_0_700630807.html). La turismofobia es el maquillaje que manufacturan aquellos que buscan deslegitimar la protesta y no quieren reconocer que el problema es la injusticia social derivada de un modelo de turismo contrario a la ciudad, entre otros aspectos por las consecuencias que produce en el mercado de un derecho fundamental como la vivienda.

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